Empresas logran subsidios de crisis del terrorismo

Por Jim Lobe

Washington, DC, 6 nov (IPS)— Las grandes empresas de Estados Unidos aprovechan la crisis causada por los atentados del 11 de septiembre para obtener exoneraciones fiscales y otros beneficios, advirtieron grupos ambientalistas, sindicales y cívicos.

Los activistas presionan al Congreso para que demore una serie de proyectos que, de ser aprobados, sólo aumentarían las ganancias que las empresas más poderosas han acumulado en las últimas ocho semanas.

“Desde el 11 de septiembre, los legisladores no han hecho más que presentar proyectos para las empresas”, señaló Ralph Nader, quien fuera candidato presidencial por el Partido Verde el año pasado y es fundador de una red de grupos de defensa de los consumidores y del interés público.

Pero las grandes compañías no se dejan amedrentar por las críticas.

Las industrias de minería, energía, fármacos, seguros y defensa han movilizado literalmente a cientos de cabilderos para aprovechar el ambiente de crisis y obtener nuevas leyes que les sean más favorables.

“Con la excusa de la seguridad nacional, asaltan nuestros recursos federales y nuestros derechos democráticos, mientras el Congreso se solidariza con los financistas de sus campañas electorales a expensa de los contribuyentes”, dijo Nader el lunes en una conferencia de prensa.

Los legisladores “envían a los trabajadores a pelear y dejan desprotegidos a los desempleados, a los ciudadanos privados de sus derechos, a las familias estadounidenses”, agregó.

Los activistas están especialmente indignados por un proyecto de “estímulo económico” aprobado por la Cámara de Representantes el 24 de octubre, que ofrece a las grandes empresas 212.000 millones de dólares en exoneraciones de impuestos y beneficios relacionados.

La versión del Senado ofrece unos 220.000 millones de dólares en exoneraciones fiscales, en su mayoría destinadas a los contribuyentes de mayores ingresos y a algunas de las mayores compañías del país.

“¿Quién hubiera pensado que una emergencia nacional desataría este frenesí en las empresas y los millonarios?”, preguntó Robert McIntyre, director del grupo Ciudadanos por la Justicia Fiscal.

Las compañías aéreas fueron las principales beneficiarias de la bonanza legislativa posterior al 11 de septiembre.

El Congreso aprobó un paquete de rescate de 15.000 millones de dólares para las líneas aéreas antes de que el polvo se hubiera asentado sobre los escombros de las torres gemelas de Nueva York, mientras unos 15.000 empleados de esas mismas empresas eran despedidos.

Cuando se solicitó 2.500 millones de dólares en beneficios ampliados de desempleo, capacitación laboral y atención de la salud para esos trabajadores, senadores republicanos respaldados por el presidente George W. Bush obstruyeron el proyecto hasta su colapso.

“El paquete de rescate no ayuda a los trabajadores ni a los pasajeros”, señaló John Passacantado, director de la sección estadounidense de Greenpeace. “Y no me siento más seguro en los aviones que antes del 11 de septiembre”, agregó.

La indignación por las ganancias excesivas de las grandes empresas está en aumento, tanto en el Congreso como en los principales medios de comunicacion.

Mientras el rescate para las líneas aéreas se aprobó fácilmente a principios de octubre, la Cámara de Representantes se dividió por partidos con respecto al proyecto de exoneraciones fiscales.

“En un momento en que la población es exhortada a hacer sacrificios por el bien común, la idea de estadounidenses millonarios haciendo fila para obtener una reducción de sus impuestos resulta espantosa”, comentó el diario The New York Times un día después de la aprobación de la ley, por 216 votos contra 214.

“Los depredadores de Washington recurren a sus viejos trucos en busca del lucro privado a expensas públicas”, declaró Bill Moyers, un destacado productor de documentales de televisión y secretario de prensa durante la presidencia de Lyndon Johnson (1963-1969).

“Ellos lucran con esta espantosa tragedia provocada por el terrorismo”, acusó Moyers.

Incitado por las empresas de energía que financiaron en gran parte su campaña, Bush renovó sus esfuerzos para hacer aprobar un proyecto de ley que permitiría la exploración petrolera en el Refugio Nacional de Fauna del Artico y ampliaría el uso de la energía nuclear.

Grupos ambientalistas, partidarios de la conservación del Refugio y del desarrollo de fuentes limpias de energía, señalaron que las estaciones de energía nuclear y los oleoductos son especialmente vulnerables a ataques terroristas.

“El gobierno y muchos congresistas impulsan políticas de energía que debilitarían la seguridad nacional”, afirmó Brent Blackwelder, presidente del grupo Amigos de la Tierra.

Fox indulta a ambientalistas

Por Diego Cevallos

Mexico, 11 nov (IPS)— Dos campesinos ambientalistas mexicanos declarados presos de conciencia por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional fueron indultados por el presidente Vicente Fox.

Al decretar el jueves la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Fox dijo que actuaba en función de los compromisos en materia de derechos humanos y justicia que contrajo al asumir la Presidencia en diciembre.

Los campesinos, fundadores de una organización ambientalistas en zonas montañosas del meridional estado de Guerrero, fueron detenidos en mayo de 1999 por soldados y, según sus abogados, torturados e inculpados falsamente.

En la cárcel, los detenidos recibieron numerosos galardones, entre ellos el premio Goldman, considerado un Nobel de los ambientalistas.

Semianalfabetos y pobres, Montiel y Cabrera, enfrentados con empresarios madereros por su oposición a la tala de bosques, fueron sentenciados a seis y 10 años de prisión, respectivamente, por siembra de marihuana y posesión de armas.

Activistas de derechos humanos vincularon la liberación de los campesinos con la conmoción internacional causada por el asesinato de la abogada Digna Ochoa, que fue muerta el 19 de octubre en sus oficinas de la capital.

Ochoa defendió en las primeras etapas del proceso a los campesinos inculpados y había recibido numerosas amenazas.

La organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en que trabajó Ochoa, atribuyó el asesinato de la abogada a militares y grupos vinculados a la tala de bosques en el estado de Guerrero.

Ninguna de las apelaciones interpuestas por los abogados de Miguel Agustín Pro Juárez para la revisión del caso contra Cabrera y Montiel fue apoyada por los jueces.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), último presidente perteneciente al Partido Revolucionario Institucional en 71 años, sostuvo que militares y jueces actuaron de acuerdo con la ley en el caso.

“Tomando en cuenta las peticiones de diversas organizaciones sociales, (...) la opinión emitida por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, así como las condiciones de salud de los sentenciados, giré instrucciones para su liberación”, declaró Fox.

“Con estas acciones mostramos, en los hechos, el compromiso de mi gobierno con la promoción y la observancia de los derechos humanos en nuestro país”, añadió.

Tras el asesinato de la abogaba Ochoa, el gobierno de Fox recibió múltiples muestras internacionales de condena, entre ellas declaraciones del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Además, con el revuelo internacional causado por el asesinato de Ochoa cobró nueva vida el caso de los ambientalistas presos.

La organización Agustín Pro Juárez anunció en julio que presentaría el caso de Montiel y Cabrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, según afirmó, el gobierno de Fox no habría hecho lo suficiente para subsanar la injusticia a la que se sometió a los campesinos.

Luego de la muerte de Ochoa, el gobierno llamó a representantes de la organización, dirigido por la orden católica de la Compañía de Jesús, para establecer una mesa de trabajo conjunta sobre derechos humanos.

En el diálogo se habría acordado la liberación, vía indulto presidencial, de los campesinos ecologistas.

Además, el gobierno dispuso protección policial para cinco activistas de derechos humanos, quienes, al igual que Ochoa, recibieron amenazas de muerte.

Según trascendió, una de las primeras acciones que realizaron Montiel y Cabrera tras dejar la cárcel fue viajar del estado de Guerrero a la capital para declarar ante la Procuraduría de la ciudad por el caso de la abogada Ochoa.