No. 149, Nov. 21-28, 2001

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Otra vuelta de tuerca contra libertades

Por Abid Aslam

Washington, DC, 15 nov (IPS)— Las políticas antiterroristas implementadas por Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre amenazan derechos humanos básicos, según grupos defensores de las libertades civiles.

Las críticas al gobierno arreciaron a causa de la decisión el martes del presidente George W. Bush de permitir la actuación de tribunales militares para juzgar a extranjeros acusados de terrorismo.

Bush invocó poderes de emergencia para autorizar la intervención en esos casos de una comisión militar especial y prometió en su decreto “un juicio completo y justo” para todos los sospechosos.

Sin embargo, señaló que “no se pueden aplicar en juicios militares los principios jurídicos ni las reglas sobre pruebas aplicables a los tribunales penales distritales de Estados Unidos”.

Eso significa que la comisión militar podrá llevar adelante su juicio con mayor secreto y rapidez que las cortes civiles y aceptar pruebas que resultarían inaceptables para éstos, señalaron abogados.

Además, los acusados que sean condenados a muerte podrían ser ejecutados poco después de la sentencia, sin posibilidad de apelación, advirtieron.

Mediante el nuevo decreto, Washington confirma su oposición a la formación de un Tribunal Penal Internacional por temor a que afecte a fuerzas estadounidenses en el exterior.

Además, el gobierno rechazó toda sugerencia de formación de un tribunal internacional específicamente para juzgar a los acusados de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que dejaron más de 5.000 muertos.

Los procesos de tales organismos implican muchas demoras y trabas legales, en cambio el plan de Bush prevé la captura, la detención y el juicio de sospechosos en cualquier sitio de Estados Unidos o el exterior.

“Estos son tiempos extraordinarios y el presidente desea tener la mayor cantidad posible de opciones”, declaró Mindy Tucker, portavoz del Departamento de Justicia.

Sin embargo, Bush no explicó por qué razón las cortes ordinarias no están en condiciones de juzgar a los sospechosos de terrorismo, señaló Laura Murphy, directora de la oficina en Washington de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Los juicios de los responsables del ataque de 1993 contra el World Trade Center y de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma de 1994, demostraron que “el gobierno puede proteger la seguridad e identidad de los jurados y lograr condenas en los casos de terrorismo”, destacó Murphy.

Además, los secretos del gobierno también pueden protegerse en virtud de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, arguyó la directora de ACLU.

Agregó que “por décadas, esa ley ha equilibrado de forma adecuada la seguridad nacional y el debido proceso”, y que “el gobierno no ha demostrado que los procedimientos previstos en esa norma sean inadecuados en las actuales circunstancias”.

“La creación de un tribunal militar cuando el Congreso no ha declarado la guerra carece de precedentes”, declaró ACLU.

Según las leyes estadounidenses, los civiles sólo pueden ser juzgados por militares en tiempos de guerra.

Además, “sería hipócrita que Estados Unidos establezca ese tribunal cuando ha protestado reiteradamente contra el juzgamiento de estadounidenses por cortes militares en el exterior”, sigue la declaración de ACLU.

El decreto de Bush en realidad no establece una comisión militar, sino que autoriza al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a designar una comisión para juzgar a individuos remitidos por el propio presidente.

Las sentencias emitidas por ese tribunal, incluso las de cadena perpetua y pena capital, sólo requerirán el consentimiento de dos tercios de sus miembros, mientras en los juicios penales exigen unanimidad.

Sólo Rumsfeld o Bush podrán revisar el veredicto y adoptar una decisión final, y apenas en los casos en que el presidente lo considere necesario.

Además, los procedimientos y los miembros de la comisión militar serán inmunes a litigios “de cualquier parte”.

Esta no es la única medida del gobierno que amenaza las libertades civiles, según los críticos.

El mes pasado, Bush hizo aprobar una ley que permite al gobierno mantener a extranjeros detenidos por tiempo indeterminado por violaciones a las normas de inmigración.

Antes de eso, el fiscal general John Ashcroft autorizó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a espiar las conversaciones entre detenidos sospechosos de terrorismo y sus abogados.

Así mismo, el Departamento de Justicia anunció que no publicaría más datos sobre el número de detenidos en el marco de la campaña antiterrorista lanzada luego del 11 de septiembre.

Fuentes del gobierno revelaron que hasta la semana pasada había 1.183 de esos detenidos, en su mayoría extranjeros sospechosos de violaciones a las normas de inmigración o de pequeños delitos.

Grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades federales de mantener a los detenidos en condiciones secretas, en violación de las normas del debido proceso.

La mayoría están en lugares desconocidos, pocos de ellos son considerados de gran interés por los investigadores, y hasta el pasado lunes, ninguno de ellos había sido acusado formalmente.

Trascendió que muchos de los detenidos no han tenido acceso a abogados y debieron declarar en audiencias judiciales secretas.

Mexico: un pequeno pastel para muchas bocas

Por Diego Cevallos

Mexico City, Mexico, 15 nov (IPS)— El proyecto de presupuesto de México para el año próximo lleva el sello de la austeridad y los recortes, pero hay excepciones, como por ejemplo, el aumento de salario para el presidente y sus colaboradores.

El plan de gastos e ingresos, que se discute desde inicios de esta semana en el Congreso legislativo, es de alrededor de 140.000 millones de dólares, apenas 0,3 por ciento más que el del año en curso.

Descontando la inflación, prevista en alrededor de seis por ciento al cabo del año, los gastos del área social se recortarán 7.000 millones de dólares. No obstante, ese rubro sigue representando más de 70 por ciento del total de los egresos.

En contraste, el presidente Vicente Fox aspira a elevar su salario 7,5 por ciento, de 16.000 a 17.200 dólares mensuales, mientras que sus colaborares y ministros recibirían un incremento de cuatro por ciento promedio.

“No tiene ninguna justificación el aumento de salario del presidente, sobre todo en estos momentos de recesión económica”, dijo Miroslava García, diputada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para Victoria de la Rosa, quien trabaja cuidando niños en la capital, es un “insulto que Fox quiera subirse el salario, cuando hay tanta pobreza, pero sobre todo cuando prometió que como presidente todo cambiaría en México”.

Los diputados deben aprobar el presupuesto antes de fin de año, y muchos prometen reformar el proyecto, al que califican de injusto. Pero los observadores advierten que los márgenes para hacerle cambios son limitados.

La discusión será difícil. Hay muchas y justificadas demandas, pero poco dinero y un ambiente económico recesivo, dijo a IPS el investigador de la Universidad Obrera, Eduardo Madrigal.

El proyecto prevé para 2002 un crecimiento económico de 1,7 por ciento, mejor que el cero por ciento calculado para este año pero mucho menor al 6,9 por ciento de 2000.

Es un presupuesto austero que considera los problemas económicos que existen en el mundo, pero no renuncia al crecimiento, declaró el presidente Fox, quien como candidato prometió un incremento anual promedio del producto interno bruto de siete por ciento.

El mandatario explicó que el salario de sus ministros aumentará cuatro por ciento, equivalente a la inflación prevista para 2002, y prometió que luego tanto el suyo como el de sus colaboradores serán congelados en forma definitiva.

“El presupuesto (de 2002) refleja las prioridades expresadas por los mexicanos cuando optaron por el cambio” al elegirlo presidente en 2000, aseguró Fox.

Fox llegó al gobierno en diciembre con la promesa de desterrar la corrupción y los privilegios que marcaron la gestión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo 71 años ininterrumpidos en el poder.

A punto de cumplir un año en funciones, el primer mandatario surgido de la oposición al PRI perdió parte considerable del respaldo que tenía, según coinciden en indicar diversas encuestas.

El gobierno señaló que si el parlamento hubiese aprobado la reforma fiscal que le propuso a mediados de año, el país tendría recursos adicionales por 8.300 millones de dólares para incluirlos en el presupuesto. Con más dinero se podrían atender las necesidades del país, indicaron funcionarios del gobierno.

Pero el proyecto de reforma fiscal, presentado al Congreso legislativo sin negociación previa, fue rechazado por la mayoría de los diputados, para quienes era absurdo que para obtener más recursos el gobierno propusiera impuestos a los alimentos y medicinas.

El PRD y el PRI exigieron al gobierno un nuevo proyecto de reforma fiscal que apunte a acabar con la evasión de impuestos. El partido de Fox, Acción Nacional, carece de mayoría en el Congreso.

México recauda por impuestos el equivalente a 11,5 por ciento de su producto interno bruto al año, el nivel más bajo entre los 29 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los que esa proporción es de alrededor de 37 por ciento.

No obstante la baja recaudación, 70 por ciento del presupuesto mexicano para el año próximo se financiará por vía tributaria, según la propuesta del gobierno.

México integra la OCDE, organización a la que pertenecen todos los países industrializados.

 

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