Otra vuelta de tuerca contra
libertades
Por Abid Aslam
Washington, DC, 15 nov (IPS)— Las políticas
antiterroristas implementadas por Estados Unidos a raíz de los
atentados del 11 de septiembre amenazan derechos humanos básicos,
según grupos defensores de las libertades civiles.
Las críticas al gobierno arreciaron a causa de
la decisión el martes del presidente George W. Bush de permitir
la actuación de tribunales militares para juzgar a extranjeros
acusados de terrorismo.
Bush invocó poderes de emergencia para autorizar
la intervención en esos casos de una comisión militar especial
y prometió en su decreto “un juicio completo y justo” para todos
los sospechosos.
Sin embargo, señaló que “no se pueden aplicar
en juicios militares los principios jurídicos ni las reglas
sobre pruebas aplicables a los tribunales penales distritales
de Estados Unidos”.
Eso significa que la comisión militar podrá llevar
adelante su juicio con mayor secreto y rapidez que las cortes
civiles y aceptar pruebas que resultarían inaceptables para
éstos, señalaron abogados.
Además, los acusados que sean condenados a muerte
podrían ser ejecutados poco después de la sentencia, sin posibilidad
de apelación, advirtieron.
Mediante el nuevo decreto, Washington confirma
su oposición a la formación de un Tribunal Penal Internacional
por temor a que afecte a fuerzas estadounidenses en el exterior.
Además, el gobierno rechazó toda sugerencia de
formación de un tribunal internacional específicamente para
juzgar a los acusados de los ataques del 11 de septiembre en
Nueva York y Washington, que dejaron más de 5.000 muertos.
Los procesos de tales organismos implican muchas
demoras y trabas legales, en cambio el plan de Bush prevé la
captura, la detención y el juicio de sospechosos en cualquier
sitio de Estados Unidos o el exterior.
“Estos son tiempos extraordinarios y el presidente
desea tener la mayor cantidad posible de opciones”, declaró
Mindy Tucker, portavoz del Departamento de Justicia.
Sin embargo, Bush no explicó por qué razón las
cortes ordinarias no están en condiciones de juzgar a los sospechosos
de terrorismo, señaló Laura Murphy, directora de la oficina
en Washington de la Unión Estadounidense para las Libertades
Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Los juicios de los responsables del ataque de
1993 contra el World Trade Center y de Timothy McVeigh, autor
del atentado de Oklahoma de 1994, demostraron que “el gobierno
puede proteger la seguridad e identidad de los jurados y lograr
condenas en los casos de terrorismo”, destacó Murphy.
Además, los secretos del gobierno también pueden
protegerse en virtud de la Ley de Procedimientos de Información
Clasificada, arguyó la directora de ACLU.
Agregó que “por décadas, esa ley ha equilibrado
de forma adecuada la seguridad nacional y el debido proceso”,
y que “el gobierno no ha demostrado que los procedimientos previstos
en esa norma sean inadecuados en las actuales circunstancias”.
“La creación de un tribunal militar cuando el
Congreso no ha declarado la guerra carece de precedentes”, declaró
ACLU.
Según las leyes estadounidenses, los civiles sólo
pueden ser juzgados por militares en tiempos de guerra.
Además, “sería hipócrita que Estados Unidos establezca
ese tribunal cuando ha protestado reiteradamente contra el juzgamiento
de estadounidenses por cortes militares en el exterior”, sigue
la declaración de ACLU.
El decreto de Bush en realidad no establece una
comisión militar, sino que autoriza al secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, a designar una comisión para juzgar a individuos
remitidos por el propio presidente.
Las sentencias emitidas por ese tribunal, incluso
las de cadena perpetua y pena capital, sólo requerirán el consentimiento
de dos tercios de sus miembros, mientras en los juicios penales
exigen unanimidad.
Sólo Rumsfeld o Bush podrán revisar el veredicto
y adoptar una decisión final, y apenas en los casos en que el
presidente lo considere necesario.
Además, los procedimientos y los miembros de la
comisión militar serán inmunes a litigios “de cualquier parte”.
Esta no es la única medida del gobierno que amenaza
las libertades civiles, según los críticos.
El mes pasado, Bush hizo aprobar una ley que permite
al gobierno mantener a extranjeros detenidos por tiempo indeterminado
por violaciones a las normas de inmigración.
Antes de eso, el fiscal general John Ashcroft
autorizó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a espiar
las conversaciones entre detenidos sospechosos de terrorismo
y sus abogados.
Así mismo, el Departamento de Justicia anunció
que no publicaría más datos sobre el número de detenidos en
el marco de la campaña antiterrorista lanzada luego del 11 de
septiembre.
Fuentes del gobierno revelaron que hasta la semana
pasada había 1.183 de esos detenidos, en su mayoría extranjeros
sospechosos de violaciones a las normas de inmigración o de
pequeños delitos.
Grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades
federales de mantener a los detenidos en condiciones secretas,
en violación de las normas del debido proceso.
La mayoría están en lugares desconocidos, pocos
de ellos son considerados de gran interés por los investigadores,
y hasta el pasado lunes, ninguno de ellos había sido acusado
formalmente.
Trascendió que muchos de los detenidos no han
tenido acceso a abogados y debieron declarar en audiencias judiciales
secretas.
Mexico: un pequeno pastel
para muchas bocas
Por Diego Cevallos
Mexico City, Mexico, 15 nov (IPS)— El
proyecto de presupuesto de México para el año próximo lleva
el sello de la austeridad y los recortes, pero hay excepciones,
como por ejemplo, el aumento de salario para el presidente y
sus colaboradores.
El plan de gastos e ingresos, que se discute desde
inicios de esta semana en el Congreso legislativo, es de alrededor
de 140.000 millones de dólares, apenas 0,3 por ciento más que
el del año en curso.
Descontando la inflación, prevista en alrededor
de seis por ciento al cabo del año, los gastos del área social
se recortarán 7.000 millones de dólares. No obstante, ese rubro
sigue representando más de 70 por ciento del total de los egresos.
En contraste, el presidente Vicente Fox aspira
a elevar su salario 7,5 por ciento, de 16.000 a 17.200 dólares
mensuales, mientras que sus colaborares y ministros recibirían
un incremento de cuatro por ciento promedio.
“No tiene ninguna justificación el aumento de
salario del presidente, sobre todo en estos momentos de recesión
económica”, dijo Miroslava García, diputada del izquierdista
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Para Victoria de la Rosa, quien trabaja cuidando
niños en la capital, es un “insulto que Fox quiera subirse el
salario, cuando hay tanta pobreza, pero sobre todo cuando prometió
que como presidente todo cambiaría en México”.
Los diputados deben aprobar el presupuesto antes
de fin de año, y muchos prometen reformar el proyecto, al que
califican de injusto. Pero los observadores advierten que los
márgenes para hacerle cambios son limitados.
La discusión será difícil. Hay muchas y justificadas
demandas, pero poco dinero y un ambiente económico recesivo,
dijo a IPS el investigador de la Universidad Obrera, Eduardo
Madrigal.
El proyecto prevé para 2002 un crecimiento económico
de 1,7 por ciento, mejor que el cero por ciento calculado para
este año pero mucho menor al 6,9 por ciento de 2000.
Es un presupuesto austero que considera los problemas
económicos que existen en el mundo, pero no renuncia al crecimiento,
declaró el presidente Fox, quien como candidato prometió un
incremento anual promedio del producto interno bruto de siete
por ciento.
El mandatario explicó que el salario de sus ministros
aumentará cuatro por ciento, equivalente a la inflación prevista
para 2002, y prometió que luego tanto el suyo como el de sus
colaboradores serán congelados en forma definitiva.
“El presupuesto (de 2002) refleja las prioridades
expresadas por los mexicanos cuando optaron por el cambio” al
elegirlo presidente en 2000, aseguró Fox.
Fox llegó al gobierno en diciembre con la promesa
de desterrar la corrupción y los privilegios que marcaron la
gestión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
estuvo 71 años ininterrumpidos en el poder.
A punto de cumplir un año en funciones, el primer
mandatario surgido de la oposición al PRI perdió parte considerable
del respaldo que tenía, según coinciden en indicar diversas
encuestas.
El gobierno señaló que si el parlamento hubiese
aprobado la reforma fiscal que le propuso a mediados de año,
el país tendría recursos adicionales por 8.300 millones de dólares
para incluirlos en el presupuesto. Con más dinero se podrían
atender las necesidades del país, indicaron funcionarios del
gobierno.
Pero el proyecto de reforma fiscal, presentado
al Congreso legislativo sin negociación previa, fue rechazado
por la mayoría de los diputados, para quienes era absurdo que
para obtener más recursos el gobierno propusiera impuestos a
los alimentos y medicinas.
El PRD y el PRI exigieron al gobierno un nuevo
proyecto de reforma fiscal que apunte a acabar con la evasión
de impuestos. El partido de Fox, Acción Nacional, carece de
mayoría en el Congreso.
México recauda por impuestos el equivalente a
11,5 por ciento de su producto interno bruto al año, el nivel
más bajo entre los 29 países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), en los que esa proporción
es de alrededor de 37 por ciento.
No obstante la baja recaudación, 70 por ciento
del presupuesto mexicano para el año próximo se financiará por
vía tributaria, según la propuesta del gobierno.
México integra la OCDE, organización a la que
pertenecen todos los países industrializados.
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