Mexico: ejército acusado
de matanza y torturas
By Diego Cevallos
Mexico City, Mexico, 7 jun (IPS)— Sobrevivientes
de una matanza perpetrada hace cuatro años en México, que debieron
soportar también cárcel y torturas, afirmaron que no descansarán
hasta lograr el castigo de los militares a quienes acusan del
crimen.
Los sobrevivientes, que fueron acusados de abrir
fuego contra soldados y luego exculpados por la justicia, aseguran
que los militares ejecutaron a 11 personas tras atacarlos el
7 de junio de 1998, cuando dormían en una escuela de la pequeña
localidad de El Charco, en el meridional estado de Guerrero.
Según la versión del ejército, un destacamento
acudió a El Charco para detener a un grupo de supuestos subversivos
reunidos con pobladores indígenas, pero fueron atacados con
armas de fuego, por lo que respondieron hasta lograr someterlos.
Los sobrevivientes, por su parte, afirman que
su grupo no tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados
les ordenaron bajar de las aulas al patio de la escuela. Allí,
sin justificación alguna, los militares ejecutaron a 11 personas,
hirieron a siete y detuvieron a 22, aseguraron los denunciantes.
La mayoría de los que pernoctaban en la escuela
eran indígenas del lugar, pero también había dos estudiantes
universitarios de la capital que, afirmaron, realizaban tareas
de alfabetización en Guerrero.
Erika Zamora, estudiante de la facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, superviviente
de la matanza, fue liberada a fines de mayo tras permanecer
cuatro años en la cárcel y realizar varias huelgas de hambre.
El fallo de última instancia indica que las pruebas
presentadas por la fiscalía contra Zamora, la única persona
que permanecía detenida por el caso, no demostraban su culpabilidad.
Zamora y varios de los detenidos eran miembros
del poco activo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
y planificaban acciones subversivas, aseguró la fiscalía.
El único acto delictivo registrado en El Charco
hace cuatro años fue la masacre de la escuela, señaló la organización
humanitaria Agustín Pro Juárez, patrocinado por la orden católica
de la Compañía de Jesús.
Zamora y los otros detenidos se comprometieron
a luchar para que la justicia castigue a los militares culpables
de la matanza, así como a quienes los torturaron para arrancarles
confesiones falsas.
La estudiante dijo que el gobierno de Vicente
Fox tiene que acabar con el clima de impunidad en que actúan
los militares. La matanza de El Charco fue perpetrada cuando
gobernaba Ernesto Zedillo (1994-2000).
Zamora declaró al juez que su primera confesión
fue firmada bajo tortura. “Me vendaron los ojos, me desnudaron
y me dieron toques (choques) eléctricos en los pies, me inyectaron
y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas y amenazaron
con desaparecerme”, aseguró.
La estudiante afirmó que se la mantuvo desnuda
en un sanitario para hombres donde periódicamente la obligaban
sentarse en una silla conectada a la corriente eléctrica.
“La gente estaba desarmada y a pesar de que se
rindieron y pidieron perdón (los militares) los mataron”, dijo.
La no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos pronosticó que “difícilmente” alguien
pueda creer la versión del ejército sobre los hechos, dado el
número de muertos, los testimonios y la alteración de evidencias
en el lugar.
Todo ello indica la culpabilidad de los militares,
concluyó la Liga.
Zamora y los demás acusados exculpados por la
matanza de El Charco tienen razón y merecen el apoyo de la comunidad
en su afán por castigar a los culpables del crimen y de sus
torturas, sostuvo el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.
El caso fue mencionado en varias oportunidades
en los últimos informes de la organización de derechos humanos
Amnistía Internacional, con sede en Londres, como ejemplo de
los abusos que aún cometen los militares en México.
Controlar a los antiterroristas
By Thalif Deen
Nueva York, Nueva York, 7 jun (IPS)— Un
nuevo organismo o experto internacional independiente debe examinar
el impacto de las campañas antiterroristas en las libertades
básicas, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Mary Robinson.
“Es esencial que los países (de la ONU) luchen
contra el terrorismo respetando los principios internacionales
de derechos humanos”, dijo la máxima funcionaria del foro mundial
en la materia, cuyo mandato concluirá en septiembre.
Robinson lamentó la falta de un experto u organismo
internacional que determine qué medidas antiterroristas de los
estados miembros contravienen derechos humanos que esos países
aseguran respetar.
“Mi oficina está inundada de llamados de organizaciones
de derechos humanos de todo el mundo que advierten sobre nuevas
restricciones y medidas opresivas”, dijo Robinson, ex presidenta
de Irlanda (1991-1995).
Varios gobiernos han adoptado políticas represivas
en nombre del combate al terrorismo, luego de los ataques terroristas
del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, dijo Robinson,
aunque eludió identificar a esos países.
El nuevo Comité contra el Terrorismo, creado el
año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas) no tiene facultades para actuar en esa
materia, arguyó Robinson.
“Ahora la gran preocupación es que si las democracias
maduras desdibujan los límites o dan un mal ejemplo, los regímenes
antidemocráticos creen tener luz verde para sus políticas represivas,
seguros de que cualquier exceso será ignorado”, agregó.
Varias naciones, en particular Alemania, Canadá,
Estados Unidos y Gran Bretaña, así como Egipto, Rusia y Uzbekistán,
introdujeron normas antiterroristas de largo alcance. Según
analistas, activistas y funcionarios internacionales, muchas
de estas medidas violan derechos fundamentales.
Por ejemplo la detención de ciudadanos extranjeros,
la restricción de leyes migratorias, la vigilancia electrónica
sin orden judicial, la deportación de extranjeros con visas
vencidas, y el control de la correspondencia y comunicaciones
entre detenidos y abogados defensores.
Según Robinson, este tipo de restricciones afectan
el derecho a la privacidad y al debido proceso, así como la
protección del asilo, la participación política y las libertades
de expresión y de reunión pacífica.
El ambiente posterior al 11 de septiembre “reforzó
la mentalidad de fortaleza en Europa”, a medida que aumentaron
los controles, y las discusiones y el lenguaje se hacen más
duros respecto de refugiados e inmigrantes, señaló Robinson.
La activista Joanna Weschler, de la organización
Human Rights Watch, dijo a IPS que durante la sesión de abril
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra,
hubo un intento de establecer algún tipo de control sobre las
medidas antiterroristas.
Una propuesta de resolución, auspiciada por México
y varias naciones europeas, fue retirada a último momento debido
a modificaciones “inaceptables”, dijo Weschler.
Aunque la resolución no incluía el nombramiento
de un experto u organismo independiente que supervisara las
medidas antiterroristas, fue respaldada por activistas de derechos
humanos y organizaciones no gubernamentales, como HRW, dijo
Weschler.
Una de las razones del fracaso de la propuesta
fue la oposición de Arabia Saudita, Argelia, Estados Unidos,
India y Pakistán, según Weschler.
Si bien en la sesión de la Comisión se efectuaron
“firmes pronunciamientos”, también “hubo señales preocupantes”,
sostuvo Robinson.
“La Comisión prefirió no tomar ninguna acción
específica ni respaldar nuevas iniciativas para controlar el
impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos”,
agregó.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan,
advirtió en mayo a los 189 estados miembros que no puede transarse
la protección de los derechos humanos por la lucha contra el
terrorismo.
Las medidas adoptadas por algunos países “no
deben recortar indebidamente los derechos humanos o dar a otros
el pretexto para hacerlo”, dijo Annan, si bien no identificó
los estados a los que se refería.
Desde el 11 de septiembre, Estados Unidos arrestó
a más de 1.000 personas, la mayoría musulmanas o árabes, como
parte de sus investigaciones sobre los ataques contra Nueva
York y Washington.
Varias organizaciones de derechos humanos aseguran
que la negativa del gobierno a revelar la identidad o los cargos
de muchos de esos detenidos es una violación a derechos básicos.
La nueva política de Estados Unidos “está inspirando
ataques oportunistas a las libertades civiles en todo el mundo”,
advirtió en enero HRW.
Países como Egipto, Rusia y Uzbekistán utilizan
el pretexto del combate al terrorismo para justificar campañas
militares abusivas o represión contra la oposición política,
sostuvo la organización de derechos humanos.
“En Estados Unidos y Europa occidental, medidas
concebidas para combatir a los terroristas amenazan principios
de derechos humanos largamente abrazados”, agregó.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional
(AI) criticó, en su informe anual divulgado en mayo, a Estados
Unidos y Gran Bretaña, por socavar los derechos humanos.
AI mencionó varios “errores significativos” de
Estados Unidos, como la autorización de tribunales militares
para juzgar a presuntos terroristas, la aplicación selectiva
de las garantías de la Convención de Ginebra para los detenidos
de Talibán y Al Qaeda y el arresto indefinido de extranjeros
sin cargos o sin una defensa legal.
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