No. 178, June 13-19, 2002

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Mexico: ejército acusado de matanza y torturas

By Diego Cevallos

Mexico City, Mexico, 7 jun (IPS)— Sobrevivientes de una matanza perpetrada hace cuatro años en México, que debieron soportar también cárcel y torturas, afirmaron que no descansarán hasta lograr el castigo de los militares a quienes acusan del crimen.

Los sobrevivientes, que fueron acusados de abrir fuego contra soldados y luego exculpados por la justicia, aseguran que los militares ejecutaron a 11 personas tras atacarlos el 7 de junio de 1998, cuando dormían en una escuela de la pequeña localidad de El Charco, en el meridional estado de Guerrero.

Según la versión del ejército, un destacamento acudió a El Charco para detener a un grupo de supuestos subversivos reunidos con pobladores indígenas, pero fueron atacados con armas de fuego, por lo que respondieron hasta lograr someterlos.

Los sobrevivientes, por su parte, afirman que su grupo no tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados les ordenaron bajar de las aulas al patio de la escuela. Allí, sin justificación alguna, los militares ejecutaron a 11 personas, hirieron a siete y detuvieron a 22, aseguraron los denunciantes.

La mayoría de los que pernoctaban en la escuela eran indígenas del lugar, pero también había dos estudiantes universitarios de la capital que, afirmaron, realizaban tareas de alfabetización en Guerrero.

Erika Zamora, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, superviviente de la matanza, fue liberada a fines de mayo tras permanecer cuatro años en la cárcel y realizar varias huelgas de hambre.

El fallo de última instancia indica que las pruebas presentadas por la fiscalía contra Zamora, la única persona que permanecía detenida por el caso, no demostraban su culpabilidad.

Zamora y varios de los detenidos eran miembros del poco activo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y planificaban acciones subversivas, aseguró la fiscalía.

El único acto delictivo registrado en El Charco hace cuatro años fue la masacre de la escuela, señaló la organización humanitaria Agustín Pro Juárez, patrocinado por la orden católica de la Compañía de Jesús.

Zamora y los otros detenidos se comprometieron a luchar para que la justicia castigue a los militares culpables de la matanza, así como a quienes los torturaron para arrancarles confesiones falsas.

La estudiante dijo que el gobierno de Vicente Fox tiene que acabar con el clima de impunidad en que actúan los militares. La matanza de El Charco fue perpetrada cuando gobernaba Ernesto Zedillo (1994-2000).

Zamora declaró al juez que su primera confesión fue firmada bajo tortura. “Me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques (choques) eléctricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas y amenazaron con desaparecerme”, aseguró.

La estudiante afirmó que se la mantuvo desnuda en un sanitario para hombres donde periódicamente la obligaban sentarse en una silla conectada a la corriente eléctrica.

“La gente estaba desarmada y a pesar de que se rindieron y pidieron perdón (los militares) los mataron”, dijo.

La no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos pronosticó que “difícilmente” alguien pueda creer la versión del ejército sobre los hechos, dado el número de muertos, los testimonios y la alteración de evidencias en el lugar.

Todo ello indica la culpabilidad de los militares, concluyó la Liga.

Zamora y los demás acusados exculpados por la matanza de El Charco tienen razón y merecen el apoyo de la comunidad en su afán por castigar a los culpables del crimen y de sus torturas, sostuvo el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.

El caso fue mencionado en varias oportunidades en los últimos informes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, como ejemplo de los abusos que aún cometen los militares en México.

Controlar a los antiterroristas

By Thalif Deen

Nueva York, Nueva York, 7 jun (IPS)— Un nuevo organismo o experto internacional independiente debe examinar el impacto de las campañas antiterroristas en las libertades básicas, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.

“Es esencial que los países (de la ONU) luchen contra el terrorismo respetando los principios internacionales de derechos humanos”, dijo la máxima funcionaria del foro mundial en la materia, cuyo mandato concluirá en septiembre.

Robinson lamentó la falta de un experto u organismo internacional que determine qué medidas antiterroristas de los estados miembros contravienen derechos humanos que esos países aseguran respetar.

“Mi oficina está inundada de llamados de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que advierten sobre nuevas restricciones y medidas opresivas”, dijo Robinson, ex presidenta de Irlanda (1991-1995).

Varios gobiernos han adoptado políticas represivas en nombre del combate al terrorismo, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, dijo Robinson, aunque eludió identificar a esos países.

El nuevo Comité contra el Terrorismo, creado el año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no tiene facultades para actuar en esa materia, arguyó Robinson.

“Ahora la gran preocupación es que si las democracias maduras desdibujan los límites o dan un mal ejemplo, los regímenes antidemocráticos creen tener luz verde para sus políticas represivas, seguros de que cualquier exceso será ignorado”, agregó.

Varias naciones, en particular Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, así como Egipto, Rusia y Uzbekistán, introdujeron normas antiterroristas de largo alcance. Según analistas, activistas y funcionarios internacionales, muchas de estas medidas violan derechos fundamentales.

Por ejemplo la detención de ciudadanos extranjeros, la restricción de leyes migratorias, la vigilancia electrónica sin orden judicial, la deportación de extranjeros con visas vencidas, y el control de la correspondencia y comunicaciones entre detenidos y abogados defensores.

Según Robinson, este tipo de restricciones afectan el derecho a la privacidad y al debido proceso, así como la protección del asilo, la participación política y las libertades de expresión y de reunión pacífica.

El ambiente posterior al 11 de septiembre “reforzó la mentalidad de fortaleza en Europa”, a medida que aumentaron los controles, y las discusiones y el lenguaje se hacen más duros respecto de refugiados e inmigrantes, señaló Robinson.

La activista Joanna Weschler, de la organización Human Rights Watch, dijo a IPS que durante la sesión de abril de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra, hubo un intento de establecer algún tipo de control sobre las medidas antiterroristas.

Una propuesta de resolución, auspiciada por México y varias naciones europeas, fue retirada a último momento debido a modificaciones “inaceptables”, dijo Weschler.

Aunque la resolución no incluía el nombramiento de un experto u organismo independiente que supervisara las medidas antiterroristas, fue respaldada por activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como HRW, dijo Weschler.

Una de las razones del fracaso de la propuesta fue la oposición de Arabia Saudita, Argelia, Estados Unidos, India y Pakistán, según Weschler.

Si bien en la sesión de la Comisión se efectuaron “firmes pronunciamientos”, también “hubo señales preocupantes”, sostuvo Robinson.

“La Comisión prefirió no tomar ninguna acción específica ni respaldar nuevas iniciativas para controlar el impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos”, agregó.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió en mayo a los 189 estados miembros que no puede transarse la protección de los derechos humanos por la lucha contra el terrorismo.

Las medidas adoptadas por algunos países “no deben recortar indebidamente los derechos humanos o dar a otros el pretexto para hacerlo”, dijo Annan, si bien no identificó los estados a los que se refería.

Desde el 11 de septiembre, Estados Unidos arrestó a más de 1.000 personas, la mayoría musulmanas o árabes, como parte de sus investigaciones sobre los ataques contra Nueva York y Washington.

Varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la negativa del gobierno a revelar la identidad o los cargos de muchos de esos detenidos es una violación a derechos básicos.

La nueva política de Estados Unidos “está inspirando ataques oportunistas a las libertades civiles en todo el mundo”, advirtió en enero HRW.

Países como Egipto, Rusia y Uzbekistán utilizan el pretexto del combate al terrorismo para justificar campañas militares abusivas o represión contra la oposición política, sostuvo la organización de derechos humanos.

“En Estados Unidos y Europa occidental, medidas concebidas para combatir a los terroristas amenazan principios de derechos humanos largamente abrazados”, agregó.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) criticó, en su informe anual divulgado en mayo, a Estados Unidos y Gran Bretaña, por socavar los derechos humanos.

AI mencionó varios “errores significativos” de Estados Unidos, como la autorización de tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas, la aplicación selectiva de las garantías de la Convención de Ginebra para los detenidos de Talibán y Al Qaeda y el arresto indefinido de extranjeros sin cargos o sin una defensa legal.

 

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