No. 184, July 25-31, 2002

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Protestas por un estudiante muerto en Kenia

Por Katy Salmon

Nairobi, Kenia, 19 de julio (IPS)— Protestas estudiantiles paralizaron este viernes el tránsito en la capital keniata para pedir la renuncia del jefe nacional de policía, Philemon Abongo, tras la muerte del estudiante David Kimuyu debido a disparos de un agente policial. Kimuyu, a quien faltaba una semana de clases para terminar un curso universitario de cuatro años, murió al mediodía del jueves durante una operación policial lanzada para buscar drogas en el campus de la Universidad de Nairobi. El portavoz de la policía, Peter Kimanthi, sostuvo que el estudiante atacó a las fuerzas de seguridad con un cuchillo, y que el oficial que le disparó actuó en defensa propia. El jefe de policía de Nairobi, Stephen Kimenchu, afirmó que Kimuyu fue descubierto por la policía cuando fumaba marihuana junto con otros estudiantes, cuatro de los cuales fueron arrestados mientras otros escapaban. Las autoridades aseguran indica que dos kilogramos de marihuana fueron encontrados en ese lugar, pero convocantes de las protestas dudan de que eso sea cierto, y de toda la versión oficial de los hechos. Las manifestaciones comenzaron el jueves, cuando grupos de estudiantes apedrearon e incendiaron automóviles, entre ellos el de un diplomático holandés que fue herido en la cabeza por una pedrada. Según informes de medios de comunicación este viernes, la policía reaccionó con disparos y gases lacrimógenos. Este viernes, manifestantes marcharon hacia la sede central de la policía, coreaando “Basta de asesinatos”, y fueron dispersados por las fuerzas de seguridad mediante gases lacrimógenos. También hubo protestas ante el parlamento, para pedir sin éxito que algún funcionario de alto rango dialogara con los activistas, y luego los manifestantes anunciaron que se proponen realizar una marcha hacia la residencia oficial del presidente Daniel arap Moi. “Dicen que (Kimuyu) los atacó con un cuchillo, pero siempre sostienen cosas por el estilo cuando asesinan a inocentes”, dijo a IPS un participante en las protestas. “Es imposible que un joven estudiante se imponga a policías armados. Fue una injusticia, y por eso protestamos”, añadió. “Los policías están entrenados y llevan armas de fuego. Deberían hacerse cargo sin dificultades de alguien que sólo lleva un cuchillo, pero ni siquiera creo que (Kimuyu) tuviera uno”, apuntó otro joven manifestante. “Queremos que el gobierno sepa que estamos indignados y no vamos a permanecer tranquilos en clase mientras matan a inocentes”, enfatizó otro. “No es la primera vez que dicen que alguien sacó un cuchillo. Es sólo un engaño. La marihuana fue traída desde la estación central de policía”, aseguró un cuarto. “Siempre se acusa sin pruebas a la policía. ¿Cómo podíamos prever lo que iba a pasar, y llevar marihuana para incriminar a estudiantes que ni siquiera sabíamos que iban a estar en ese lugar? Esas cosas sólo se dicen con la intención de desprestigiarnos”, arguyó Kimanthi. Las autoridades policiales piden a los estudiantes que dejen de causar disturbios e inicien un proceso de diálogo. “Quien haya cometido un crimen será tratado como indica la ley. Somos una nación civilizada, y todos debemos comportarnos en forma civilizada. Nunca es posible solucionar los problemas mediante violencia. Sentémonos en torno a una mesa, averigüemos qué estuvo mal y resolvamos el asunto”, dijo Kimanthi. “Las manifestaciones no son evidencias. Las evidencias debe surgir de personas que hayan visto lo que pasó, y se presenten ante un tribunal para que éste decida”, subrayó. “Pido a los involucrados en las protestas que tengan en cuenta los derechos de las demás personas, y se aseguren de que nadie resulte herido. Que digan con claridad lo que quieren que oigamos. Escucharemos y responderemos”, aseguró. Pero es poco probable que los estudiantes confíen en Kimanthi. Es frecuente que disparos de la policía maten a personas en circunstancias poco claras, y casi nunca hay condenas a integrantes de las fuerzas de seguridad. En 1998, policías mataron a balazos a un estudiante universitario que conducía el automóvil de su madre para asistir a clase, porque pensaron que el automóvil era robado. En noviembre de 2000, las fuerzas de seguridad dispararon contra estudiantes universitarios que habían bloqueado una carretera para manifestarse y rodeaban el automóvil en que viajaba un ministro. Los disparos causaron heridas graves a dos manifestantes y a otra persona que pasaba por el lugar. Activistas por los derechos humanos afirman que las investigaciones internas policiales no son confiables, y piden la creación de un organismo independiente que se ocupe de aclarar los incidentes en que policías causaron muertes.

Ambientalista deportada oponerse a oleoducto

Quito, Ecuador, 18 de julio (IPS)— Una ambientalista estadounidense fue deportada este jueves de Ecuador, tras ser detenida el martes junto a siete ecuatorianos cuando protestaban contra la construcción de un oleoducto en la Amazonia. La ecologista, Julia “Butterfly” (Mariposa) Hill, fue trasladada sin previo aviso desde el Centro de Detención Provisional, donde estaba arrestada, al aeropuerto de Quito. Dos horas después, se dispuso la libertad de los otros detenidos. “He pasado una larga y cansada jornada en la prisión ecuatoriana, y no me sorprendí al escuchar en la audiencia de deportación que el consorcio OCP Limited envió una carta a la policía para presionar por mi deportación”, dijo Hill. También afirmó que el procedimiento fue ilegal y no se tuvieron en cuenta los derechos de los detenidos. Pero su preocupación mayor es la violación de “los derechos de las comunidades devastadas por la explotación petrolera”, puntualizó. El oleoducto de crudos pesados (OCP), contra el que se manifestaban los ambientalistas, tiene una extensión de 540 kilómetros y transportará petróleo desde la Amazonia hasta la costa del océano Pacífico. Los activistas fueron detenidos por la policía cuando realizaban una concentración frente a las oficinas de la compañía Occidental Petroleum, integrante del consorcio OCP Limited, constructor del oleoducto. “Fuimos atacados a golpes por la policía de migración, y aunque algunos compañeros y compañeras lograron correr, otros fueron metidos a empujones en los autos”, aseguró Ricardo Buitrón, de la organización ambientalista Acción Ecológica. “No se me dijo de qué se me acusa, no me fueron leídos ni una sola vez mis derechos. Sólo me mostraron un papel escrito en español, pero me negaron la asistencia del traductor”, declaró Hill. “Soy deportada por llevar mi solidaridad a los bosques de Ecuador y a las comunidades que defienden sus tierras y sus derechos básicos”, agregó. Hill, reconocida por su defensa de los bosques, aseguró por teléfono desde Panamá, donde permaneció en tránsito durante el viaje de regreso a Estados Unidos, que su intención en Quito era hacer conocer a Occidental Petroleum su rechazo de una obra que no cumple normas ambientales. Varios campesinos fueron detenidos este jueves en la nororiental provincia de Sucumbíos cuando exigían indemnización por el uso de sus propiedades en el trayecto del oleoducto. Desde comienzo de este año, ambientalistas de distintos países se han movilizado para protestar contra el oleoducto. Fuerzas especiales de la policía detuvieron en marzo a 17 integrantes de Greenpeace y de Acción Ecológica que, para impedir la obra, se habían encadenado a árboles del bosque Mindo-Nambillo, 50 kilómetros al noroeste de Quito, un área protegida. También en mayor fueron detenidos algunos ambientalistas y propietarios de tierras del mismo bosque por obstruir el paso del OCP. Los activistas mostraron a la prensa las escrituras de propiedad de un terreno de 840 hectáreas por donde estaba previsto el tendido del oleoducto, y exigieron que se retire la maquinaria del lugar. Pero el consorcio OCP Limited adujo tener “derecho de vía” otorgado por el gobierno, para construir en terrenos de propiedad privada. En junio, ecologistas, diputados y periodistas llegados de Italia ocuparon en Quito las oficinas de la petrolera italiana Agip Oil, en protesta por su participación en el oleoducto. El presidente ecuatoriano Gustavo Noboa ha acusado a Acción Ecológica de obstruir un proyecto que, según el gobierno, aportará importantes beneficios económicos al país. Noboa advirtió en mayo de 2001 que lucharía contra los ecologistas “trinchera por trinchera” si éstos seguían actuando contra la obra. “Antes sabíamos como se llamaban. Sabíamos que era (la) extrema izquierda, ahora se llaman verdes, ecologistas”, dijo el presidente. En su opinión, la obra es resistida sólo por “cuatro majaderos”. Mientras, Greenpeace se moviliza en Alemania para evitar que el Westdeutsche Landesbank (WestLB) libre un crédito de 900 millones de dólares para financiar el OCP en Ecuador. El gobierno del occidental estado de Renania del Norte-Westfalia, propietario de 43 por ciento de las acciones del WestLB, postergó el financiamiento hasta comprobar los efectos ambientales de la construcción del oleoducto. Representantes de OCP Limited, integrado por la transnacional canadiense Alberta Energy, la italiana Agip Oil, la española Repsol-YPF, las estadounidenses Kerr McGee y Occidental Petroleum y la empresa argentina Techint, aseguraron que el proyecto cumplía normas ambientales estipuladas por el Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Mundial contradijo esa versión. En un comunicado emitido en diciembre de 2001 afirmó que la obra no sigue sus reglas en materia ambiental.

 

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