Protestas por un estudiante
muerto en Kenia
Por Katy Salmon
Nairobi, Kenia, 19 de julio (IPS)— Protestas
estudiantiles paralizaron este viernes el tránsito en la capital
keniata para pedir la renuncia del jefe nacional de policía,
Philemon Abongo, tras la muerte del estudiante David Kimuyu
debido a disparos de un agente policial. Kimuyu, a quien faltaba
una semana de clases para terminar un curso universitario de
cuatro años, murió al mediodía del jueves durante una operación
policial lanzada para buscar drogas en el campus de la Universidad
de Nairobi. El portavoz de la policía, Peter Kimanthi, sostuvo
que el estudiante atacó a las fuerzas de seguridad con un cuchillo,
y que el oficial que le disparó actuó en defensa propia. El
jefe de policía de Nairobi, Stephen Kimenchu, afirmó que Kimuyu
fue descubierto por la policía cuando fumaba marihuana junto
con otros estudiantes, cuatro de los cuales fueron arrestados
mientras otros escapaban. Las autoridades aseguran indica que
dos kilogramos de marihuana fueron encontrados en ese lugar,
pero convocantes de las protestas dudan de que eso sea cierto,
y de toda la versión oficial de los hechos. Las manifestaciones
comenzaron el jueves, cuando grupos de estudiantes apedrearon
e incendiaron automóviles, entre ellos el de un diplomático
holandés que fue herido en la cabeza por una pedrada. Según
informes de medios de comunicación este viernes, la policía
reaccionó con disparos y gases lacrimógenos. Este viernes, manifestantes
marcharon hacia la sede central de la policía, coreaando “Basta
de asesinatos”, y fueron dispersados por las fuerzas de seguridad
mediante gases lacrimógenos. También hubo protestas ante el
parlamento, para pedir sin éxito que algún funcionario de alto
rango dialogara con los activistas, y luego los manifestantes
anunciaron que se proponen realizar una marcha hacia la residencia
oficial del presidente Daniel arap Moi. “Dicen que (Kimuyu)
los atacó con un cuchillo, pero siempre sostienen cosas por
el estilo cuando asesinan a inocentes”, dijo a IPS un participante
en las protestas. “Es imposible que un joven estudiante se imponga
a policías armados. Fue una injusticia, y por eso protestamos”,
añadió. “Los policías están entrenados y llevan armas de fuego.
Deberían hacerse cargo sin dificultades de alguien que sólo
lleva un cuchillo, pero ni siquiera creo que (Kimuyu) tuviera
uno”, apuntó otro joven manifestante. “Queremos que el gobierno
sepa que estamos indignados y no vamos a permanecer tranquilos
en clase mientras matan a inocentes”, enfatizó otro. “No es
la primera vez que dicen que alguien sacó un cuchillo. Es sólo
un engaño. La marihuana fue traída desde la estación central
de policía”, aseguró un cuarto. “Siempre se acusa sin pruebas
a la policía. ¿Cómo podíamos prever lo que iba a pasar, y llevar
marihuana para incriminar a estudiantes que ni siquiera sabíamos
que iban a estar en ese lugar? Esas cosas sólo se dicen con
la intención de desprestigiarnos”, arguyó Kimanthi. Las autoridades
policiales piden a los estudiantes que dejen de causar disturbios
e inicien un proceso de diálogo. “Quien haya cometido un crimen
será tratado como indica la ley. Somos una nación civilizada,
y todos debemos comportarnos en forma civilizada. Nunca es posible
solucionar los problemas mediante violencia. Sentémonos en torno
a una mesa, averigüemos qué estuvo mal y resolvamos el asunto”,
dijo Kimanthi. “Las manifestaciones no son evidencias. Las evidencias
debe surgir de personas que hayan visto lo que pasó, y se presenten
ante un tribunal para que éste decida”, subrayó. “Pido a los
involucrados en las protestas que tengan en cuenta los derechos
de las demás personas, y se aseguren de que nadie resulte herido.
Que digan con claridad lo que quieren que oigamos. Escucharemos
y responderemos”, aseguró. Pero es poco probable que los estudiantes
confíen en Kimanthi. Es frecuente que disparos de la policía
maten a personas en circunstancias poco claras, y casi nunca
hay condenas a integrantes de las fuerzas de seguridad. En 1998,
policías mataron a balazos a un estudiante universitario que
conducía el automóvil de su madre para asistir a clase, porque
pensaron que el automóvil era robado. En noviembre de 2000,
las fuerzas de seguridad dispararon contra estudiantes universitarios
que habían bloqueado una carretera para manifestarse y rodeaban
el automóvil en que viajaba un ministro. Los disparos causaron
heridas graves a dos manifestantes y a otra persona que pasaba
por el lugar. Activistas por los derechos humanos afirman que
las investigaciones internas policiales no son confiables, y
piden la creación de un organismo independiente que se ocupe
de aclarar los incidentes en que policías causaron muertes.
Ambientalista deportada oponerse
a oleoducto
Quito, Ecuador, 18 de julio (IPS)— Una
ambientalista estadounidense fue deportada este jueves de Ecuador,
tras ser detenida el martes junto a siete ecuatorianos cuando
protestaban contra la construcción de un oleoducto en la Amazonia.
La ecologista, Julia “Butterfly” (Mariposa) Hill, fue trasladada
sin previo aviso desde el Centro de Detención Provisional, donde
estaba arrestada, al aeropuerto de Quito. Dos horas después,
se dispuso la libertad de los otros detenidos. “He pasado una
larga y cansada jornada en la prisión ecuatoriana, y no me sorprendí
al escuchar en la audiencia de deportación que el consorcio
OCP Limited envió una carta a la policía para presionar por
mi deportación”, dijo Hill. También afirmó que el procedimiento
fue ilegal y no se tuvieron en cuenta los derechos de los detenidos.
Pero su preocupación mayor es la violación de “los derechos
de las comunidades devastadas por la explotación petrolera”,
puntualizó. El oleoducto de crudos pesados (OCP), contra el
que se manifestaban los ambientalistas, tiene una extensión
de 540 kilómetros y transportará petróleo desde la Amazonia
hasta la costa del océano Pacífico. Los activistas fueron detenidos
por la policía cuando realizaban una concentración frente a
las oficinas de la compañía Occidental Petroleum, integrante
del consorcio OCP Limited, constructor del oleoducto. “Fuimos
atacados a golpes por la policía de migración, y aunque algunos
compañeros y compañeras lograron correr, otros fueron metidos
a empujones en los autos”, aseguró Ricardo Buitrón, de la organización
ambientalista Acción Ecológica. “No se me dijo de qué se me
acusa, no me fueron leídos ni una sola vez mis derechos. Sólo
me mostraron un papel escrito en español, pero me negaron la
asistencia del traductor”, declaró Hill. “Soy deportada por
llevar mi solidaridad a los bosques de Ecuador y a las comunidades
que defienden sus tierras y sus derechos básicos”, agregó. Hill,
reconocida por su defensa de los bosques, aseguró por teléfono
desde Panamá, donde permaneció en tránsito durante el viaje
de regreso a Estados Unidos, que su intención en Quito era hacer
conocer a Occidental Petroleum su rechazo de una obra que no
cumple normas ambientales. Varios campesinos fueron detenidos
este jueves en la nororiental provincia de Sucumbíos cuando
exigían indemnización por el uso de sus propiedades en el trayecto
del oleoducto. Desde comienzo de este año, ambientalistas de
distintos países se han movilizado para protestar contra el
oleoducto. Fuerzas especiales de la policía detuvieron en marzo
a 17 integrantes de Greenpeace y de Acción Ecológica que, para
impedir la obra, se habían encadenado a árboles del bosque Mindo-Nambillo,
50 kilómetros al noroeste de Quito, un área protegida. También
en mayor fueron detenidos algunos ambientalistas y propietarios
de tierras del mismo bosque por obstruir el paso del OCP. Los
activistas mostraron a la prensa las escrituras de propiedad
de un terreno de 840 hectáreas por donde estaba previsto el
tendido del oleoducto, y exigieron que se retire la maquinaria
del lugar. Pero el consorcio OCP Limited adujo tener “derecho
de vía” otorgado por el gobierno, para construir en terrenos
de propiedad privada. En junio, ecologistas, diputados y periodistas
llegados de Italia ocuparon en Quito las oficinas de la petrolera
italiana Agip Oil, en protesta por su participación en el oleoducto.
El presidente ecuatoriano Gustavo Noboa ha acusado a Acción
Ecológica de obstruir un proyecto que, según el gobierno, aportará
importantes beneficios económicos al país. Noboa advirtió en
mayo de 2001 que lucharía contra los ecologistas “trinchera
por trinchera” si éstos seguían actuando contra la obra. “Antes
sabíamos como se llamaban. Sabíamos que era (la) extrema izquierda,
ahora se llaman verdes, ecologistas”, dijo el presidente. En
su opinión, la obra es resistida sólo por “cuatro majaderos”.
Mientras, Greenpeace se moviliza en Alemania para evitar que
el Westdeutsche Landesbank (WestLB) libre un crédito de 900
millones de dólares para financiar el OCP en Ecuador. El gobierno
del occidental estado de Renania del Norte-Westfalia, propietario
de 43 por ciento de las acciones del WestLB, postergó el financiamiento
hasta comprobar los efectos ambientales de la construcción del
oleoducto. Representantes de OCP Limited, integrado por la transnacional
canadiense Alberta Energy, la italiana Agip Oil, la española
Repsol-YPF, las estadounidenses Kerr McGee y Occidental Petroleum
y la empresa argentina Techint, aseguraron que el proyecto cumplía
normas ambientales estipuladas por el Banco Mundial. Sin embargo,
el Banco Mundial contradijo esa versión. En un comunicado emitido
en diciembre de 2001 afirmó que la obra no sigue sus reglas
en materia ambiental.
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