No. 186, Aug. 8-14, 2002

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Gobierno cede ante campesinos

Por Diego Cevallos

Ciudad de Mexico, Mexico, 2 de agosto (IPS)— El gobierno de México cedió ante la decidida resistencia de campesinos que se negaban a entregar sus tierras para la obra y anuló el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto internacional en áreas cercanas a la capital.

La opción de un aeropuerto en la localidad de Texcoco, 15 kilómetros al oriente de la capital, es inviable, pues superar el rechazo de algunos habitantes de la zona exigiría una larga negociación para la que no hay tiempo. Urge resolver la sobrecarga de la actual terminal áerea capitalina, sostuvieron las autoridades.

Algunos sectores pueden ver en esta decisión un signo de debilidad, pero se trata del interés de no imponer un plan ni usar la fuerza, señaló este viernes el secretario (ministro) de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.

Campesinos del municipio rural de San Salvador Atenco, en Texcoco —que resistieron con varias medidas el plan anunciado como “inamovible” por el gobierno en octubre de 2001— celebraron la decisión y reclamaron una disculpa del presidente Vicente Fox por haber causado el conflicto.

“Queremos que el presidente nos pida una disculpa pública y reconozca que desde hace nueve meses somos nosotros quienes tenemos la razón”, dijo la dirigente de la comunidad de Atenco, América del Valle.

Los líderes de la movilización iniciaron tres días de festejos. Algunos campesinos señalaron incluso que el éxito de sus protestas es un milagro de Juan Diego, el indígena mexicano canonizado el miércoles por el Papa Juan Pablo II durante su visita al país.

Cientos de habitantes de San Salvador Atenco, que hubiera perdido 85 por ciento de su territorio con la construcción del aeropuerto, tomaron de rehenes a policías, destruyeron automóviles, bloquearon carreteras y advirtieron que pondrían en juego sus vidas para oponerse al proyecto.

Los movilizados, con respaldo de activistas sociales de izquierda, llegaron incluso a desconocer al gobierno central y a imponer un autogobierno en la ciudad de San Salvador Atenco, desconociendo la voluntad de otros pobladores que estaban dispuestos a vender sus tierras al Estado para la obra.

La rebelión de Atenco es una luz en la lucha contra el neoliberalismo, afirmaron activistas.

Según algunas versiones de prensa, los campesinos movilizados estarían influenciados por grupos armados, como el peruano Sendero Luminoso y la ETA, de España.

La decisión de cancelar el proyecto, cuyo costo se estimaba en 3.000 millones de dólares, muestra la debilidad del gobierno para imponer el estado de derecho y despierta incertidumbre entre los inversores locales y extranjeros, estimaron portavoces del sector empresario.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Leandro López, lamentó que el gobierno haya cancelado el plan debido a presiones políticas. Texcoco era la mejor opción, sostuvo.

Los inversores extranjeros que habían demostrado interés en Texcoco están defraudados, pues comprobaron que el gobierno de Fox cede ante los actos de violencia, afirmó el empresario inmobiliario Carlos Gosselin.

Texcoco es una zona semiárida habitada por campesinos pobres, la mayoría de los cuales había aceptado la expropiación de sus tierras, afirmó en varias ocasiones el gobierno.

Pero un grupo de pobladores advirtieron desde el anuncio del plan que el aeropuerto sólo se construiría sobre sus cadáveres.

Las autoridades están en busca de otros emplazamientos para el aeropuerto, pues el actual quedará obsoleto en siete u ocho años, explicó el secretario Cerisola.

El funcionario agregó que durante la gestión del presidente Fox, que culminará en diciembre de 2006, se darán los pasos necesarios para avanzar en la construcción de otra terminal aérea, pero admitió que de momento no hay plazos ni una ubicación definitiva.

Cuando divulgó el plan en octubre, Fox prometió que el aeropuerto de Texcoco estaría listo al concluir su mandato.

La actual terminal fue construida hace 50 años para un tránsito de nueve millones de pasajeros por año, pero soporta ahora un tráfico de 21 millones de viajeros.

Crisis puede llevar a estado de emergencia

Por Darío Montero

Montevideo, Uruguay, 2 de agosto (IPS)— El gobierno de Uruguay no descarta la restricción de las libertades constitucionales para hacer frente a la ola de saqueos a comercios, mientras considera la congelación de depósitos a plazo fijo en los bancos del Estado.

Centenares de policías patrullan este viernes las calles de Montevideo, con apoyo logístico militar, para evitar saqueos como los ocurridos el jueves en unos 14 locales comerciales y supermercados cercanos a asentamientos irregulares.

La primera señal de alerta de que en Uruguay podrían repetirse las imágenes que la televisión transmitió en diciembre desde la vecina Buenos Aires se concretó el miércoles, cuando unas 15 personas robaron alimentos en un comercio del centro de Montevideo.

La intervención policial, que salvó de igual destino el jueves a otras 15 tiendas de alimentos, derivó en enfrentamiento con centenares de personas. Un hombre joven y dos policías resultaron heridos, y hubo una veintena de detenidos.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, aseguró en conferencia de prensa que los saqueos fueron “planeados y organizados” por grupos “que buscan desestabilizar y romper el estilo de vida de los uruguayos”, aunque admitió que no podía identificarlos.

Agregó que la policía tenía información hace semanas de que se preparara el asalto a comercios, pero no pudo determinar el momento ni la zona en que los hechos se iban a producir.

Stirling no descartó, si los incidentes continúan, la imposición de medidas prontas de seguridad, un mecanismo previsto para casos de conmoción interna o internacional, que limita las libertades y garantías constitucionales.

Al respecto, señaló que la aplicación de las medidas prontas de seguridad, que pueden asemejarse al estado de sitio o de emergencia contemplado en otras legislaciones, es potestad del presidente Jorge Batlle.

El estallido social se registra en momentos en que Uruguay presenta una profunda crisis económica, financiera y social, con aumento de la pobreza y del desempleo.

El gobierno decretó el martes feriado bancario hasta este viernes inclusive, para evitar el drenaje de depósitos y divisas. El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, advirtió que 40 por ciento de los depósitos abandonaron el sistema financiero desde enero.

Mientras, las reservas internacionales del Banco Central cayeron a un ritmo mensual de 500 millones de dólares, para pasar de 3.100 millones en diciembre a sólo 655 millones en la actualidad.

El otrora fuerte sistema financiero uruguayo fue víctima de la falta de confianza provocada por la larga recesión iniciada en 1999, el contagio del colapso argentino y el supuesto fraude que habrían cometido los propietarios de dos bancos privados.

Una de esas instituciones, el Banco Montevideo-Caja Obrera, cuyos propitarios tienen negocios combinados en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile, fue intervenido en junio por el Banco Central, su actividad fue interrumpida el martes y va camino de su liquidación.

Atchugarry prepara este viernes un proyecto de ley de fortalecimiento del sistema financiero, que, según fuentes políticas, incluirá la congelación del dinero depositado a plazo fijo en los estatales Banco de la República y Banco Hipotecario.

Las restricciones, que no abarcan las cuentas a la vista, podría extenderse a los privados Banco Comercial y Banco de Crédito, que ya fueron capitalizados por el Banco Central para evitar su bancarrota. El resto de las entidades privadas deberán ser capitalizadas por sus accionistas.

Estas decisiones fueron comunicadas el jueves por el presidente Jorge Batlle a los principales dirigentes políticos, a quienes informó sobre la marcha de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uruguay solicita al FMI el desembolso inmediato de los 1.500 millones de dólares que aún restan de un crédito de contingencia por 3.000 millones que obtuvo en mayo.

Batlle recibió a su predecesor en el gobierno, Julio María Sanguinetti, con quien comparte el liderazgo del Partido Colorado, con el también ex mandatario Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, que integra la coalición gobernante, y con Tabaré Vázquez, máximo dirigente del izquierdista Encuentro Progresista- Frente Amplio.

La parcial inmovilización de depósitos a plazo fijo en la banca pública sería una de las condiciones del FMI para liberar los recursos que le solicita Uruguay.

El gobierno tiene cifradas todas las esperanzas del adelanto de fondos del FMI y de otros posibles aportes del Grupo de los Siete países más ricos del mundo.

El propio Atchugarry declaró que no existe un Plan A, sino sólo el Plan B, que es la ayuda financiera externa rápida. Portavoces del gobierno admitieron que, en caso de no concretarse esa ayuda, Uruguay deberá posiblemente suspender el pago de su deuda externa.

 

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