Gobierno cede ante campesinos
Por Diego Cevallos
Ciudad de Mexico, Mexico, 2 de agosto (IPS)—
El gobierno de México cedió ante la decidida resistencia
de campesinos que se negaban a entregar sus tierras para la
obra y anuló el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto
internacional en áreas cercanas a la capital.
La opción de un aeropuerto en la localidad de
Texcoco, 15 kilómetros al oriente de la capital, es inviable,
pues superar el rechazo de algunos habitantes de la zona exigiría
una larga negociación para la que no hay tiempo. Urge resolver
la sobrecarga de la actual terminal áerea capitalina, sostuvieron
las autoridades.
Algunos sectores pueden ver en esta decisión
un signo de debilidad, pero se trata del interés de no imponer
un plan ni usar la fuerza, señaló este viernes el secretario
(ministro) de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.
Campesinos del municipio rural de San Salvador
Atenco, en Texcoco —que resistieron con varias medidas el plan
anunciado como “inamovible” por el gobierno en octubre de 2001—
celebraron la decisión y reclamaron una disculpa del presidente
Vicente Fox por haber causado el conflicto.
“Queremos que el presidente nos pida una disculpa
pública y reconozca que desde hace nueve meses somos nosotros
quienes tenemos la razón”, dijo la dirigente de la comunidad
de Atenco, América del Valle.
Los líderes de la movilización iniciaron tres
días de festejos. Algunos campesinos señalaron incluso que el
éxito de sus protestas es un milagro de Juan Diego, el indígena
mexicano canonizado el miércoles por el Papa Juan Pablo II durante
su visita al país.
Cientos de habitantes de San Salvador Atenco,
que hubiera perdido 85 por ciento de su territorio con la construcción
del aeropuerto, tomaron de rehenes a policías, destruyeron automóviles,
bloquearon carreteras y advirtieron que pondrían en juego sus
vidas para oponerse al proyecto.
Los movilizados, con respaldo de activistas sociales
de izquierda, llegaron incluso a desconocer al gobierno central
y a imponer un autogobierno en la ciudad de San Salvador Atenco,
desconociendo la voluntad de otros pobladores que estaban dispuestos
a vender sus tierras al Estado para la obra.
La rebelión de Atenco es una luz en la lucha
contra el neoliberalismo, afirmaron activistas.
Según algunas versiones de prensa, los campesinos
movilizados estarían influenciados por grupos armados, como
el peruano Sendero Luminoso y la ETA, de España.
La decisión de cancelar el proyecto, cuyo costo
se estimaba en 3.000 millones de dólares, muestra la debilidad
del gobierno para imponer el estado de derecho y despierta incertidumbre
entre los inversores locales y extranjeros, estimaron portavoces
del sector empresario.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción, Leandro López, lamentó que el gobierno haya
cancelado el plan debido a presiones políticas. Texcoco era
la mejor opción, sostuvo.
Los inversores extranjeros que habían demostrado
interés en Texcoco están defraudados, pues comprobaron que el
gobierno de Fox cede ante los actos de violencia, afirmó el
empresario inmobiliario Carlos Gosselin.
Texcoco es una zona semiárida habitada por campesinos
pobres, la mayoría de los cuales había aceptado la expropiación
de sus tierras, afirmó en varias ocasiones el gobierno.
Pero un grupo de pobladores advirtieron desde
el anuncio del plan que el aeropuerto sólo se construiría sobre
sus cadáveres.
Las autoridades están en busca de otros emplazamientos
para el aeropuerto, pues el actual quedará obsoleto en siete
u ocho años, explicó el secretario Cerisola.
El funcionario agregó que durante la gestión del
presidente Fox, que culminará en diciembre de 2006, se darán
los pasos necesarios para avanzar en la construcción de otra
terminal aérea, pero admitió que de momento no hay plazos ni
una ubicación definitiva.
Cuando divulgó el plan en octubre, Fox prometió
que el aeropuerto de Texcoco estaría listo al concluir su mandato.
La actual terminal fue construida hace 50 años
para un tránsito de nueve millones de pasajeros por año, pero
soporta ahora un tráfico de 21 millones de viajeros.
Crisis puede llevar a estado
de emergencia
Por Darío Montero
Montevideo, Uruguay, 2 de agosto (IPS)—
El gobierno de Uruguay no descarta la restricción de las libertades
constitucionales para hacer frente a la ola de saqueos a comercios,
mientras considera la congelación de depósitos a plazo fijo
en los bancos del Estado.
Centenares de policías patrullan este viernes
las calles de Montevideo, con apoyo logístico militar, para
evitar saqueos como los ocurridos el jueves en unos 14 locales
comerciales y supermercados cercanos a asentamientos irregulares.
La primera señal de alerta de que en Uruguay
podrían repetirse las imágenes que la televisión transmitió
en diciembre desde la vecina Buenos Aires se concretó el miércoles,
cuando unas 15 personas robaron alimentos en un comercio del
centro de Montevideo.
La intervención policial, que salvó de igual destino
el jueves a otras 15 tiendas de alimentos, derivó en enfrentamiento
con centenares de personas. Un hombre joven y dos policías resultaron
heridos, y hubo una veintena de detenidos.
El ministro del Interior, Guillermo Stirling,
aseguró en conferencia de prensa que los saqueos fueron “planeados
y organizados” por grupos “que buscan desestabilizar y romper
el estilo de vida de los uruguayos”, aunque admitió que no podía
identificarlos.
Agregó que la policía tenía información hace semanas
de que se preparara el asalto a comercios, pero no pudo determinar
el momento ni la zona en que los hechos se iban a producir.
Stirling no descartó, si los incidentes continúan,
la imposición de medidas prontas de seguridad, un mecanismo
previsto para casos de conmoción interna o internacional, que
limita las libertades y garantías constitucionales.
Al respecto, señaló que la aplicación de las medidas
prontas de seguridad, que pueden asemejarse al estado de sitio
o de emergencia contemplado en otras legislaciones, es potestad
del presidente Jorge Batlle.
El estallido social se registra en momentos en
que Uruguay presenta una profunda crisis económica, financiera
y social, con aumento de la pobreza y del desempleo.
El gobierno decretó el martes feriado bancario
hasta este viernes inclusive, para evitar el drenaje de depósitos
y divisas. El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, advirtió
que 40 por ciento de los depósitos abandonaron el sistema financiero
desde enero.
Mientras, las reservas internacionales del Banco
Central cayeron a un ritmo mensual de 500 millones de dólares,
para pasar de 3.100 millones en diciembre a sólo 655 millones
en la actualidad.
El otrora fuerte sistema financiero uruguayo fue
víctima de la falta de confianza provocada por la larga recesión
iniciada en 1999, el contagio del colapso argentino y el supuesto
fraude que habrían cometido los propietarios de dos bancos privados.
Una de esas instituciones, el Banco Montevideo-Caja
Obrera, cuyos propitarios tienen negocios combinados en Argentina,
Paraguay, Brasil y Chile, fue intervenido en junio por el Banco
Central, su actividad fue interrumpida el martes y va camino
de su liquidación.
Atchugarry prepara este viernes un proyecto de
ley de fortalecimiento del sistema financiero, que, según fuentes
políticas, incluirá la congelación del dinero depositado a plazo
fijo en los estatales Banco de la República y Banco Hipotecario.
Las restricciones, que no abarcan las cuentas
a la vista, podría extenderse a los privados Banco Comercial
y Banco de Crédito, que ya fueron capitalizados por el Banco
Central para evitar su bancarrota. El resto de las entidades
privadas deberán ser capitalizadas por sus accionistas.
Estas decisiones fueron comunicadas el jueves
por el presidente Jorge Batlle a los principales dirigentes
políticos, a quienes informó sobre la marcha de las conversaciones
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Uruguay solicita al FMI el desembolso inmediato
de los 1.500 millones de dólares que aún restan de un crédito
de contingencia por 3.000 millones que obtuvo en mayo.
Batlle recibió a su predecesor en el gobierno,
Julio María Sanguinetti, con quien comparte el liderazgo del
Partido Colorado, con el también ex mandatario Luis Alberto
Lacalle, del Partido Nacional, que integra la coalición gobernante,
y con Tabaré Vázquez, máximo dirigente del izquierdista Encuentro
Progresista- Frente Amplio.
La parcial inmovilización de depósitos a plazo
fijo en la banca pública sería una de las condiciones del FMI
para liberar los recursos que le solicita Uruguay.
El gobierno tiene cifradas todas las esperanzas
del adelanto de fondos del FMI y de otros posibles aportes del
Grupo de los Siete países más ricos del mundo.
El propio Atchugarry declaró que no existe un
Plan A, sino sólo el Plan B, que es la ayuda financiera externa
rápida. Portavoces del gobierno admitieron que, en caso de no
concretarse esa ayuda, Uruguay deberá posiblemente suspender
el pago de su deuda externa.
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