Uribe confirma fumigación de cultivos ilícitos

Por Yadira Ferrer

Bogota, Colombia, 11 de octubre (IPS)— El gobierno de Colombia respondió este viernes de modo negativo el pedido de la Defensoría del Pueblo de suspender la fumigación aérea de cultivos ilícitos de drogas en el sur del país por sus supuestos daños al ambiente y a la salud humana.

El presidente Alvaro Uribe justificó la decisión en que “el país no puede parar ninguna de las acciones de derrota a la droga”, aunque aclaró que se estudian las denuncias presentadas por el defensor del Pueblo (ombusman), Eduardo Cifuentes.

El problema del narcotráfico no se puede atacar “con aguas tibias”, y las fumigaciones forman parte de un proceso irreversible, que involucra también la lucha contra el lavado de dinero, el tráfico de armas y de insumos químicos para fabricar drogas, así como la represión al consumo de narcóticos, añadió.

Pero grupos no gubernamentales aseguran que las aspersiones se realizan por imposición de Estados Unidos a cambio de desembolsar parte de la ayuda aún pendiente de entrega en el marco del Plan Colombia, diseñado por el anterior gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y que cuenta con asistencia especial de Washington.

El gobierno estadounidense de George W. Bush exige que la fumigación abarque 100 por ciento de las plantaciones ilegales, unas 150.000 hectáreas, “lo cual implicaría un ritmo de erradicación superior a las 12.000 hectáreas mensuales”, explicó a IPS un activista que pidió no ser identificado.

El nuevo enfoque de Uribe incluye la fumigación no sólo de los cultivos ilícitos industriales sino también de los pequeños, de menos de tres hectáreas, añadió.

Por su parte, Cifuentes pidió que el Consejo Nacional de Estupefacientes (a cargo del manejo de la política antidrogas) “suspenda las fumigaciones hasta que se revisen aspectos críticos”.

Uno de ellos es “el incumplimiento del llamado Plan de Manejo Ambiental, puesto en marcha en 2001 por el Ministerio del Medio Ambiente” para proteger a la población de los posibles impactos que podrían ocasionar las fumigaciones, puntualizó.

Los vuelos de aspersión forman parte del compromiso del nuevo gobierno por “erradicar de plano” las plantaciones ilegales en una amplia región del sur del país.

En ese marco, en los últimos dos meses se intensificó la fumigación en el meridional departamento de Putumayo, fronterizo de Ecuador y con cerca de 300.000 habitantes, donde se concentra la mitad de los cultivos ilícitos de Colombia.

Esa amplia zona es el epicentro del llamado Plan Colombia, implementado originalmente para luchar contra el narcotráfico, pero que hoy también abarca el combate contra la insurgencia.

El comandante de policía de Putumayo sostuvo que la meta en el área “es fumigar 14.000 hectáreas de cultivos de coca, utilizada para elaborar pasta básica de cocaína, que son controlados por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Agregó que esa tarea se realiza en el marco del operativo denominado “Onix 4”, que tiene como objetivo evitar que los cultivos de coca y adormidera, de la cual se extrae opio y heroína, sigan creciendo en el Putumayo. “Vamos a terminar con ese negocio, ese es el compromiso del nuevo gobierno”, apuntó.

Mientras, el Defensor del Pueblo informó que recibió 6.500 quejas de campesinos, colonos e indígenas de Putumayo por la destrucción de sus cultivos.

Las demandas detallan que las fumigaciones han arruinado plantaciones legales, pastos y animales, además de afectar la salud de 4.883 campesinos.

Se informó que 29 por ciento de esas personas sufren problemas gastrointestinales, 26 por ciento afecciones dérmicas, 15 por ciento de orden psicológico y el resto presentan malestares generales.

Estados Unidos respalda en su lucha antidrogas a Colombia, que abastece 80 por ciento de la demanda mundial de cocaína, para lo cual ha aprobado una asistencia de 17 millones de dólares anuales sólo para la fumigación de cultivos de coca, amapola y marihuana.

La ayuda de Washington al Plan Colombia es de 1.300 millones de dólares, 70 por ciento de los cuales están destinados a aspectos militares para la lucha antidrogas y contrainsurgente.

Datos de la policía colombiana indican que el año pasado se fumigaron un récord de 84.000 hectáreas de coca y en lo que va del año otras 70.000 hectáreas.

Algunos expertos advirtieron que “no hay zonas vedadas ni en términos sociales ni en términos ambientales” para llevar a cabo esas aspersiones.

Ricardo Vargas, investigador de la no gubernamental Acción Andina, especializada en cuestiones de drogas, dijo a IPS que la fase iniciada en julio va en la misma dirección de la trazada por Washington cuando aún gobernaba Pastrana en Colombia, con el agravante de que ahora los pequeños cultivadores son también blanco del ataques.

Vargas comentó que la política de erradicación de cultivos que se aplica en el país por décadas, se apoya en el eslabón más débil del proceso, que son los campesinos e indígenas.

Esa estrategia ha sido un total fracaso, afirmó el experto, quien apoya su opinión en cifras de la Contraloría (fiscal de cuentas del Estado), que señalan que en 1992 había casi 40.000 hectáreas cultivadas de coca y en 2001 había crecido hasta alcanzar las 144.000 hectáreas.

El último informe de la Junta de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y Prevención de Delitos, divulgado en agosto, asegura que Colombia sigue siendo el mayor productos mundial de coca, con 700.000 toneladas anuales.

Ese estudio considera que la erradicación de cultivos mediante la fumigación es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra las drogas, pero aclara que ese método debe utilizarse “exclusivamente contra cultivos industriales y no para los de subsistencia de campesinos e indígenas”.

510 años de discriminación indígena

Por Gustavo González

Santiago, Chile, 11 de octubre (IPS)— Los pueblos indígenas de América siguen sufriendo fuertes discriminaciones y atropellos a sus derechos humanos, una década después de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los primeros conquistadores europeos al continente, advirtió este viernes Amnistía Internacional.

En la víspera del llamado “Día de la Raza”, la organización humanitaria con sede en Londres emitió un informe donde consigna la persistencia de atentados a la identidad y a los derechos de las comunidades indígenas en varios países, especialmente en Guatemala y México.

Pero también en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, Panamá y Nicaragua se han registrado últimamente atropellos contra líderes y comunidades, según el reporte de Amnistía.

El balance resulta desalentador a la luz de las demandas que los indígenas formularan el 12 de octubre de 1992, cuando se celebraron 500 años del desembarco de Cristóbal Colón en el actual territorio americano, y de los compromisos que en ese marco asumieron los gobiernos y la comunidad internacional.

Las frustraciones que arroja este último decenio darán lugar este sábado a manifestaciones de protesta en varias ciudades latinoamericanas, incluyendo a Santiago de Chile, donde se llevará a cabo una “Marcha Mapuche”, convocada por organizaciones indígenas y de derechos humanos.

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como el derecho a la propiedad de la tierra y a la identidad cultural — en el uso del idioma, la educación y la administración de justicia — se vulneran sistemáticamente en varios países”, subrayó Amnistía Internacional.

Desde Canadá hasta el último extremo de Chile y Argentina, los indígenas son tratados como “ciudadanos de segunda clase” y están entre las comunidades más pobres y marginadas.

Esta realidad contrasta con el hecho de que “más de la mitad de los países del continente reconocen el carácter pluralmente diverso de su Estado y garantizan los derechos de los indígenas en su Constitución y sus leyes”, agregó la organización humanitaria.

Amnistía denuncia igualmente que “el racismo y la discriminación están muy arraigados en la mayoría de las sociedades (americanas) y eso hace que los indígenas estén más expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos, como torturas y malos tratos, ‘desapariciones’ y homicidios ilegítimos”.

Los gobiernos de todo el continente americano no tienen la voluntad política necesaria para materializar los derechos de las comunidades ancestrales, lo cual se demuestra, entre otros antecedentes, en que “han ido dando largas a la adopción de la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas”.

El informe exhorta a los gobernantes americanos a acatar la resolución que sobre este “importante asunto” adoptó este año la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y a avanzar a partir de las disposiciones de la Declaración.

Un ejemplo de la apatía de los gobiernos hacia la cuestión indígena está en el hecho de que las autoridades de Guatemala aún no abordan el genocidio cometido contra las comunidades autóctonas en la larga guerra civil de ese país, iniciada en 1954 con el derrocamiento del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz.

Durante los 30 años que duró el conflicto en Guatemala murieron o “desaparecieron” alrededor de 200.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, en su mayoría indígenas, lo cual fue calificado como genocidio por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Iglesia Católica.

Colombia y México son asimismo países en que las situaciones de conflicto interno implican asesinatos masivos de indígenas y ataques contra sus comunidades, ya sea por parte del ejército, de grupos paramilitares de derecha o de guerrillas izquierdistas.

Guatemala acumula numerosas denuncias sobre violaciones de los derechos de los indígenas, en el marco de amenazas y torturas a activistas que trabajan por la defensa de sus derechos, como ocurrió en septiembre con Manuel García de la Cruz.

“En varios países, como Guatemala y México, la policía suele interrogar y tomar declaración sin la ayuda de un intérprete a indígenas que no hablan español. En Guatemala se ha juzgado en español a indígenas que no sabían el idioma por delitos que acarreaban la pena de muerte”, indica el informe.

“En una ocasión reciente, en Chile, dos miembros de la comunidad mapuche fueron declarados culpables de ‘falta de respeto’ y ‘conducta contra la moral pública’ por gritar eslóganes en lengua mapudungu y tocar instrumentos tradicionales en un juicio”, denuncia igualmente la organización.

Las agresiones contra defensores de los de los derechos humanos que trabajan en comunidades indígenas ocurren también en Bolivia y Nicaragua, según casos documentados por Amnistía Internacional.

Argentina, Canadá y Honduras han sido escenarios de violaciones de los derechos de pueblos indígenas bajo formas de homicidios, torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza en contra de esas comunidades, según el reporte.

Los atropellos a los pueblos ancestrales relacionados con demandas de tierras o conflictos ambientales son otro testimonio de los nulos avances en favor de las comunidades étnicas desde la conmemoración de los “500 años”.

“En toda la región existen proyectos de construcción de infraestructura o extracción de recursos naturales en tierras indígenas que amenazan el medio de vida y la supervivencia de esas comunidades, y que se están planificando y poniendo en marcha sin un proceso de consulta real y transparente”, dice Amnistía.

En Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Nicaragua los reclamos indígenas de tierras ancestrales “se encuentran con la violenta oposición de terratenientes y empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales”, consigna el informe.

El Plan Puebla-Panamá, que involucra a México y América Central, es uno de los proyectos de infraestructura cuestionados en el informe por los efectos negativos para las comunidades indígenas.

Otros conflictos del mismo tenor tienen lugar en Brasil, Colombia y Nicaragua.

En Brasil, el líder indígena xavante Hiparidi Top’Tiro fue obligado a abandonar sus tierras en el centroccidental estado de Mato Grosso, debido a las amenazas de muerte que recibió por su defensa del ambiente y su oposición a la tala de bosques.