Colombia: FARC insisten con canje de rehenes

Kintto Lucas (*)

Quito, 3 nov (IPS) - - El número dos de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, dijo a IPS que los 73 rehenes en manos de su organización sólo podrán recuperar la libertad en un intercambio por unos 400 guerrilleros encarcelados.

“Las FARC mantienen su voluntad política de concertar un canje de prisioneros de guerra. Con este objetivo se nombraron tres voceros encargados de suscribir el acuerdo con los emisarios del gobierno”, dijo Reyes, miembro del secretariado de las FARC y negociador ante la comunidad internacional, en entrevista con IPS.

Además de los rehenes —en su mayoría militares, policías y dirigentes políticos— unas 900 personas están secuestradas por las FARC, según diversas fuentes como la organización no gubernamental País Libre.

Reyes recordó que las FARC han exigido garantías, como una zona desmilitarizada, para efectuar las conversaciones referidas a la liberación de los rehenes, una iniciativa con la que insisten desde hace tres años.

“Estas propuestas fueron explicadas a la comisión de la Iglesia Católica integrada por los monseñores Luis Augusto Castro y Francisco Javier Múnero, y el reverendo Darío Echeverri que, a nombre de la Conferencia Episcopal colombiana y de la Comisión de Conciliación, recibimos en las montañas recientemente”, afirmó.

“Las FARC dejaron claro en cada una de sus publicaciones que una eventual entrevista sobre intercambio de prisioneros se llevará a cabo en Colombia y con esa finalidad solicita zonas desmilitarizadas para iniciar las conversaciones sobre este fin de interés nacional e internacional”, agregó.

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, anunció el martes que aceptaba una propuesta de la Iglesia Católica colombiana para negociar la liberación de siete turistas retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país.

Reyes se refirió asimismo a la posibilidad de una mediación de la ONU (Organización de Naciones Unidas) o del gobierno de Brasil.

“El secretariado de las FARC mediante carta al secretario general de la ONU expresó su propósito de exponer ante ese organismo sus propuestas hacia la solución dialogada del conflicto interno de Colombia”, dijo.

“Nuestra propuesta recibió inmediata respuesta del señor Kofi Annan, con la sugerencia de realizar la entrevista ONU-FARC en Brasil”, añadió.

Pero admitió que no están definidos ni la fecha ni el lugar del encuentro con representantes del foro mundial.

“Annan oyó a los representantes del gobierno y al mismo presidente (Uribe). Ahora debe oír a la otra parte. Naciones Unidas tiene absoluta claridad de que en Colombia hay un conflicto interno” y ”puede ayudar con algunas recomendaciones, con experiencia, para que los propios colombianos puedan resolverlo”, afirmó Reyes.

De los 73 rehenes en manos de las FARC, la más prominente internacionalmente es la ex senadora y candidata presidencial Ingrid Betancourt, de 42 años, secuestrada por la guerrilla en febrero de 2002.

Reyes desestimó cualquier tipo de negociación independiente por Betancourt o por tres ciudadanos estadounidenses acusados de ser agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos).

Reyes también negó que las FARC hubieran negociado la liberación de Betancourt con el gobierno de Francia o con la familia de la dirigente, quien tiene además ciudadanía francesa.

Pero fuentes diplomáticas con conocimiento directo de las negociaciones aseguraron a IPS que dos funcionarios de la cancillería francesa iban a reunirse en julio con Reyes para recibir pruebas de la supervivencia de Betancourt, que su familia no tenía desde mayo del año pasado.

Según las fuentes, en ningún momento se pactó la posible liberación de Betancourt como parte de la operación, como dijeron medios de prensa de Colombia, Francia y Brasil.

El interés de Francia era despejar dudas sobre el estado de salud de Betancourt, y el de las FARC destrabar sus contactos con la comunidad internacional.

En la reunión iba a tomar parte un alto funcionario de la cancillería francesa. Al mismo tiempo, el diplomático francés Fabrice Delloye, ex marido de Betancourt y padre de sus dos hijos, iba a recibir como prueba de supervivencia de la líder política un vídeo grabado a principios de junio.

Aunque el vídeo fue finalmente difundido en agosto por un canal de televisión colombiano, el gobierno de Uribe desbarató la reunión planificada.

El embajador francés en Quito, Serge Pinot, dijo a IPS que desconocía el intento de negociación de su gobierno con Reyes.

Pero reconoció que París seguiría haciendo todo lo posible y los “contactos necesarios a cualquier nivel” para lograr la liberación de Betancourt o la de cualquier ciudadano francés secuestrado en cualquier país del mundo.

Una fuente diplomática en Bogotá, que no quiso identificarse, estima que detrás del aborto de la operación estarían “los servicios especiales de Estados Unidos, coordinados con inteligencia militar colombiana y con el presidente Uribe”.

El objetivo, según la misma fuente, era desmontar la gestión diplomática de las FARC.

En diálogo con IPS, Reyes señaló que su organización considera imposible el diálogo sobre un eventual cese del fuego si antes no se desarma a los grupos paramilitares como las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia, que negocian actualmente su desmovilización con el gobierno de Uribe.

Por otra parte, Reyes negó que las FARC hayan comprado armas a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, un acusación lanzada dos semanas atrás por Uribe.

Según el mandatario, en el atentado cometido contra el presidente de la Asociación de Ganaderos de Colombia, Jorge Visbal, que atribuyó a las FARC, se empleó un proyectil comprado al ejército de Ecuador.

“Eso es parte de una campaña de Uribe” que “busca inútilmente forzar a los militares ecuatorianos a involucrarse activamente en el conflicto interno de Colombia, a que participen de la guerra del señor Uribe con la guerrilla colombiana”, arguyó Reyes.

Ecuador espera “una rectificación contundente del gobierno de Colombia” de las declaraciones de Uribe respecto de la venta de armas, dijo el jueves el presidente Lucio Gutiérrez.

“Se ha afectado el honor de las Fuerzas Armadas y del país”, añadió Gutiérrez, pero descartó problemas diplomáticos por el incidente.

“Pretendemos estrechar relaciones de amistad y respeto con todos los países vecinos. Reclamamos que otras naciones no participen en la guerra, lo que sería grave y afectaría las relaciones de amistad”, concluyó Reyes.

*Con aporte de Constanza Vieira (Colombia)

Agencia anticorrupción acusada de corrupción

Thalif Deen

Naciones Unidas, 3 nov (IPS)-- La agencia de la ONU que impulsó la recién aprobada Convención contra la Corrupción es hoy objeto de una investigación interna por mala conducta e irregularidades financieras.

Una unidad de investigaciones conducida por la Oficina de Supervisión de Asuntos Internos de la ONU (OIOS, por sus siglas en inglés) analiza desde este lunes acusaciones de “mala administración” y “malversación de fondos” contra la Oficina contra la Droga y el Delito, con sede en Viena.

La investigación comenzó a procesarse menos de 72 horas después de que la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aprobara este viernes un histórico tratado internacional contra la corrupción promovido por la Oficina.

La OIOS cumple con la función de detectar actos de corrupción dentro de la ONU.

Las acusaciones de “claros actos de corrupción”, “patrones de irregularidad en contratos” y “abusos administrativos” fueron formuladas por Samuel González-Ruiz, asesor interregional de la Oficina contra la Droga y el Delito, quien presentó su carta de renuncia el fin de semana.

El director ejecutivo de la Oficina, Antonio María Costa, dijo a la prensa que el organismo tomaba las acusaciones “con seriedad”. “La severidad de las acusaciones merece el más completo examen. Fueron divulgados al público sin consultarme ni alertarme de antemano”, dijo Costa.

González-Ruiz, un mexicano que encabezó una cruzada contra mafias de su país, dijo que la Oficina contra la Droga y el Delito “castiga rutinariamente a los delatores” y que sus “funcionarios corruptos disfrutan de la protección pasiva de la alta gerencia”.

El proceso de firmas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada unánimemente por la Asamblea General el viernes, comenzará en la conferencia de alto nivel que se celebrará del 9 al 11 de diciembre en México, país que tuvo una importante participación en su elaboración.

Costa sostuvo que él mismo pidió la investigación a la OIOS con el fin de “garantizar una valoración independiente”. “Los resultados se harán públicos apenas estén disponibles y se tomarán las medidas administrativas o disciplinarias que sean necesarias”, añadió.

Hace algunos años, un ex jefe de la Oficina contra la Droga y el Delito dejó la agencia luego de acusaciones de gastos excesivos y malversación de fondos. Desde entonces, el organismo fue sometido a reformas administrativas dirigidas a aumentar la transparencia, la buena administración y la eficiencia.

“Esta es la paradoja. La Oficina está orgullosa de sus reformas y de su trabajo, incluida la Convención contra la Corrupción que impulsamos”, afirmó Costa.

“Debemos demostrarle con hechos a los gobiernos, al personal y al gran público que combatimos la corrupción en todas partes, empezando por la propia Oficina”, añadió.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo el viernes a la Asamblea General que la nueva convención era un “logro destacable”, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Organizado Transnacional, que entró en vigor el mes pasado.

“La corrupción es una plaga insidiosa con efectos amplios y corrosivos en las sociedades, pues socava la democracia, el estado de derecho y la calidad de vida y conduce a violaciones de derechos humanos, distorsión de los mercados”, añadió.

A juzgar por la unanimidad que alcanzó en la Asamblea General, el embajador de Jordania y presidente del comité especial que negoció el tratado, Muhyieddeen Touq, consideró que se alcanzaría con facilidad la ratificación de los 30 países necesaria para que 90 días después entre en vigor.

El tratado consta de 71 artículos que cubren una amplia gama de asuntos, entre ellos las compras públicas, el soborno, el enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, apropiación indebida, lavado de dinero y congelamiento de bienes, así como la protección de delatores de estos actos.

El director de la Sección de Tratados de la ONU, Palitha Kohona, no aventuró un pronóstico sobre el tiempo que insumirá el proceso de aprovbación. “Esta será una negociación difícil, pero muchos países demostraron excelente voluntad”, dijo Kohona a IPS.